La denuncia hecha esta semana por indígenas lacandones, mediante una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, a fin de expresar su rechazo a las presuntas intenciones de la Procuraduría Agraria para regularizar a las comunidades indígenas que se encuentran dentro de la reserva ecológica de Montes Azules ha revivido mediáticamente un conflicto que se agudiza con el paso del tiempo fuera de la agenda pública.
Lo que sucede en la Selva Lacandona, entre los integrantes de los Bienes Comunales de la Zona Lacandona (BCZL) y los lacandones originarios tiene ya varios años subiendo de tono. El conflicto se gestó por allá de los años cuarentas cuando, debido al asentamiento de empresas extractoras de madera, se propició un importante éxodo de indígenas choles y tzeltales, que finalmente terminaron asestándose en la región y creando sus propias comunidades.
Con el paso del tiempo incrementaron su población, reclamando la posesión de tierras al interior de la selva. Fue hasta el año de 1971 cuando el Congreso de la Unión decretó la propiedad de poco más de 600 mil hectáreas de selva a las comunidades asentadas ahí. El decreto de la Reserva de la Biosfera de Montes Azules llegó hasta 1978 sobre una parte de los terrenos comunales correspondientes a la Comunidad Zona Lacandona.
Desde entonces, el conflicto por el reparto de tierras entre poblaciones de lacandones originarios y comunidades mayoritariamente indígenas, organizadas en los BCZL, comenzó a crecer. El aparente pacto de paz se mantuvo durante al menos dos décadas hasta hace algunos años cuando el conflicto subió de nivel, junto a creciente la intervención de la ambientalista Julia Carabias como principal asesora y operadora de las comunidades lacandonas originarias.
La guerra de acusaciones y señalamientos entre ambos frentes ha generado una elevada confusión sobre los intereses de fondo. Así, mientras Carabias y las comunidades que la respaldan aseguran intenciones agrarias de fondo que buscan su expulsión de la zona para facilitar la devastación del área protegida, los BCZL han sido determinantes en las denuncias contra Natura debido a intereses económicos de fondo que involucrarían a grandes empresas como el Grupo Salinas.
Durante los meses de octubre y noviembre de 2019 diversos medios de comunicación nacionales, entre los que destaca TV Azteca, dieron a conocer el presunto incremento de enfrentamientos entre comunidades “irregulares” dentro y en las inmediaciones de la Selva. El origen, según la información difundida, se trataba de supuestos conflictos agrarios para apoderarse de tierras, cambiarles el uso de suelo e iniciar su aprovechamiento.
A decir de la organización Natura y las comunidades afines, la intención de los grupos opositores a Carabias, apoyados por líderes de los Bienes Comunales de la Zona Lacandona, era generar presión para expulsar a la ambientalista y poder ingresar a la zona protegida de Montes Azules para finalmente continuar su expansión, amenazando la conservación de la reserva, con fines de explotación.
“Si hay buena voluntad, hay entendimiento. Pero cuando en esto viene por debajo todo un negocio de tierra, invasión, expropiación e indemnización, estamos hablando de muchos miles de millones constantemente y esa es la historia de esta región. Aquí se ha repartido dinero de una manera impresionante. Entonces, cuando decimos: ‘¡En Montes Azules no!’, estorbamos y viene todo el ataque”, señaló Julia Carabias en ese entonces.
Pero los BCZL tiene una versión completamente distinta. Las comunidades lacandones, choles y tzeltales integradas a los Bienes Comunales aseguran que de fondo hay intenciones oscuras para generar mediáticamente una percepción equivocada de la situación y provocar confrontaciones entre las comunidades que, según ellos, desde 2008 mantiene un acuerdo de paz que se ha prolongado hasta la fecha.
En su última entrevista ante medios de comunicación, los miembros de los BCZL desmintieron a Carabias, asegurando que es falso que ellos estén talando la Selva, o que estén planeando monocultivos o zonas para ganadería extensiva. “Es falso. En estos 11 años no se ha dado enfrentamiento entre los pueblos que vivimos al interior ni con los pueblos vecinos. Nosotros queremos la conservación. Quien quiera puede ir a observar”, aseveró recientemente el líder lacandón Pepe Chambor Yuk.
Lo cierto es que la situación no parece tener una ruta de salida inmediata. Las posturas y acusaciones encontradas entre ambos frentes sólo generan confusión, y exigen la intervención imparcial del gobierno federal para aclarar a la opinión pública lo que en realmente sucede. Mientras tanto el presente y futuro de la Selva Lacandona se mantiene en la incertidumbre, a merced de saqueadores que se benefician de los conflictos internos y las convenientes distracciones que generan para seguir saqueando lo que queda de este importante pulmón natural de México… así las cosas.
