El camino de la imposición ha sido el método más recurrente del Estado, y aunque se sustenta en una democracia, la participación de los gobernados regularmente es la que menos le toma importancia. Lo sucedido con la clase trabajadora del Colegio de Bachilleres de Chiapas (COBACH), con la imposición de monederos electrónicos y de cuotas forzadas para apoyo a la pandemia del Covid 19, solo se puede resumir en añejas prácticas políticas radicales.
En cada sexenio gubernamental, los trabajadores del COBACH son los que al final han pagado los costos de diversos fraudes, actos de corrupción e imposición de leyes y funcionarios, solapados por líderes sindicales oficialistas, como se caracterizado el liderazgo del Secretario General del Sindicato Único Independiente del Colegio de Bachilleres de Chiapas (SUICOBACH), Víctor Manuel Pinot Juárez, durante casi 2 décadas frente a este organismo.
Hoy fue la imposición de monederos electrónicos y cuotas de apoyo “voluntario” al COVID 19, que trasgreden lo más sagrado que tiene un trabajador, su derecho a su salario digno, mañana ¿seguirán los mega fraudes similares a los gobiernos anteriores como las que realizaron Juan Sabines Guerrero y Manuel Velasco Coello, por citar algunos?
Estos atropellos también son el resultado de las dirigencias anteriores, como la del ex director Jorge Enrique Hernández Bielma y su sucesor, José Guillermo Toledo, en complicidad con el líder sindical, Pinot Juárez, quienes se atrevieron hasta dar uso de la nómina virtual de la cuenta SAT de los trabajadores, que según sumó más de 900 millones de pesos y qué hasta la fecha nunca se aclaró el fin de esos recursos, ni los responsables de dicho desfalco.
Es posible que la directora general del COBACH, Nancy Hernández Reyes, ahora no le salgan las cuentas para pagar el salario en efectivo y se encuentra tapando y destapando hoyos para tratar de saldar las cuentas con los trabajadores, pensionados y jubilados de la institución, mientras que los responsables de llevar a la quiebra este organismo educativo de Chiapas gozan de total impunidad.
La mayoría de los trabajadores cobanchenses ya no confían en sus autoridades, y con mucha razón, luego de tantos actos de corrupción, disfrazados de beneficios para los mismos; la imposición de los monederos electrónicos, que posiblemente su fin era otro, es otra mala jugada que esta vez no cuajó y que el mismo líder sindical simuló estar en desacuerdo, al fin y al cabo, Pinot Juárez se vale de todo para perpetuar su poder a costa de lo que sea.
Según las declaraciones de los trabajadores, el beneficio de la iniciativa era momentáneo, pero a la larga les afectaba, pues la excepción de impuestos incide directamente en fondo para el retiro, en conclusión, sigue latente el propósito de las instituciones en dañar los derechos de los trabajadores.
Pese a todo a esta esfera de corrupción e impunidad, en la que se encuentra inmiscuida, Hernández Reyes, hay que reconocer que por lo menos intenta “escuchar” a los trabajadores; claro, después de manifestaciones, y pronunciamientos ante diversos medios informativos.
La improcedencia de las dos iniciativas, ejecutadas sin consulta previa, ni análisis del contexto geográfico y socioeconómico de los trabajadores del COBACH, son acciones que provocan el inevitable debilitamiento institucional, genera incertidumbre y falta de credibilidad. Para que el Estado deje de ser un gobierno retrograda, debe dejar viejas mañas y escuchar a sus gobernados, resolver problemas concretos, atajar ausencias de credibilidad gubernamental y asegurar el respeto de los derechos ciudadanos y laborales.
