Nissan recibió en donativo 437 hectáreas del gobierno de Aguascalientes y luego las vendió: Reportaje

La apertura de la segunda planta de Nissan Mexicana en Aguascalientes fue un gran acontecimiento para el estado y la administración del entonces gobernador priista Carlos Lozano de la Torre. A solicitud del mandatario se reformaron leyes para otorgar beneficios discrecionales a la empresa, se endeudó a la entidad y se favoreció a personas cercanas a la familia Lozano.

En octubre del 2011, Armando Ávila, vicepresidente de manufactura de Nissan, envió una carta al Gobierno de Aguascalientes anunciando el interés de abrir una segunda planta con una inversión de 2 mil millones de dólares, y exigiendo condiciones preferenciales como: Contar con una reserva territorial aproximadamente de 500 hectáreas “susceptible de ser transmitida de manera gratuita a nuestra empresa”; y aportar “los bienes e infraestructura suficientes para que la nueva inversión de Nissan tenga viabilidad”.

Uno de los instrumentos clave para concretar la nueva inversión de la compañía fue el Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado (FIADE), constituido en 2006 con la recaudación anual del Impuesto sobre la Nómina y recursos estatales. De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia, ese tipo de recaudación es riesgosa e inconstitucional (AI 163/2007) porque son recursos que resultan totalmente indisponibles para el Estado y limita la facultad de Poder Legislativo de presupuestar los ingresos.

Además, según un análisis realizado al FIADE por la organización FUNDAR, entre otras observaciones, el fideicomiso establece la posibilidad de que se generen otros fideicomisos, lo que genera un candado para conocer el uso y destino de los recursos públicos, pues estos se podrían ejercer con total secrecía.

A través del FIADE, el gobierno adquirió 419 hectáreas de los ejidos Peñuelas, Montoro y Cotorina, por más de 817 millones de pesos y luego donó las tierras a Nissan.

El entonces presidente estatal de Coparmex, Ricardo Rodríguez, era uno de los integrantes del Comité Técnico del FIADE y asegura que, durante su gestión, ese organismo no discutió la donación.

Aún así, los contratos de compraventa notariados obtenidos del Registro Público de la Propiedad de Aguascalientes documentan que el Comité aprobó la adquisición y donación de las tierras el 30 de noviembre del 2011. El FIADE compró parcelas de 125 ejidatarios y propietarios entre 2011 y 2014.

Para ello, el gobierno de Lozano solicitó un endeudamiento – aún vigente- al Congreso por hasta mil 55 millones de pesos que le fue aprobado en 2012, con el argumento de que se generarían más de 3 mil empleos directos.

En Aguascalientes, los operadores de Nissan tienen una jornada de 12 horas, con 35 minutos para comer y otros 6 para ir al baño. Quienes más ganan perciben 9 mil pesos al mes

“Es muy poco lo que percibes a comparación de lo que gana la empresa. Tienes que hacer tus ahorros porque tienes familia, hijos que estudian. Es tanta la presión que hay gente que se hace (del baño) en las mismas líneas”, cuenta un ex operador de la empresa entrevistado para este reportaje.

La tierra prometida

En documentos oficiales no existe registro del acercamiento entre el gobierno, la empresa y los dueños de las parcelas. Ejidatarios entrevistados para este reportaje explican que un grupo de personas del Gobierno realizó, en 2011, una reunión en donde les informó que el estado y Nissan Mexicana querían comprar sus tierras. A partir de entonces un equipo dirigido por Juan Antonio Jáuregui Verdín y Julio Marduk Serrano Jáuregui gestionó con cada uno la venta de sus parcelas.

“Llegaron con todos los campesinos, andaban como unas 15 personas con él (Jáuregui Verdín). Visitaron a todos los que tenían tierras, iban a negociar, los manipulaban. Ellos ponían el precio, uno según negociaba pero no, y nos exigieron un tanto por ciento para ellos, una comisión. Se fue dando así, en privado con todos. Nos lavaron el coco. A muchos los obligaron a vender, les decían que los de la orilla ya habían vendido ¿cómo iban a pasar a su tierra?, fueron encerrando a la gente porque quedaban en medio, les decían que se iban a tener que comprar un avión para entrar a sus tierras, los acorralaron”, declaró uno de los ejidatarios de Peñuelas.

Tras los procesos de compra-venta de las tierras, los ejidatarios sospechan que algunos caminos y brechas no fueron considerados en el proceso de compra. Un hombre identificado como Genaro Rodríguez, que luego se convirtió en su apoderado legal, les informó sobre la falta de pago por esos remanentes —de entre 3 y 5 hectáreas— hoy propiedad de la automotriz.

Actualmente, en el Tribunal Agrario hay un juicio del ejido Peñuelas contra la empresa dentro del expediente 32/2015. En mayo del 2019, según la lista de acuerdos, el FIADE tuvo conocimiento del juicio.

Reformas legales: una carrocería forjada para Nissan

Foto: María José Martínez/ Cuartoscuro

En 2012, Lozano envió una propuesta de reforma al Artículo 14 de la Ley Patrimonial con el objetivo de poder realizar donaciones sin contar con la aprobación del Poder Legislativo, ni negociar con otras fuerzas políticas, y sin detallar las condiciones, como la Ley ordenaba.

“No se podía ser tan irresponsable de estar eliminando la función de control patrimonial de Congreso del Estado sin saber siquiera de qué se trataba”, dijo en entrevista el perredista Gilberto Carlos Ornelas, el único que se opuso a la reforma durante la sesión ordinaria del 6 de marzo del 2012.

Siete priistas encabezados por el entonces diputado Gabriel Arellano. “El grupo de la cocina”, como se les nombró, desapareció del recinto para abstenerse de votar pese a las presiones de Lozano.

“Sí la hubo (presión). Me recuerdo muy bien a uno de los diputados que estaba ahí y le habló el jefe de gabinete (Javier Aguilera) y lo puso en altavoz: son indicaciones precisas, no sé qué estás haciendo allá adentro, cabrón. Sales y votas como yo te lo mando”, narra Arellano.

Con ayuda de la bancada del PAN, la reforma se aprobó por mayoría. A partir de entonces, los fideicomisos estatales pueden donar inmuebles y bienes públicos sin transparentar las condiciones.

Para este reportaje se solicitó por transparencia a la Secretaría de Desarrollo Económico el Convenio Marco firmado entre el Estado y Nissan el 23 de marzo del 2012, que contiene los lineamientos para la entrega de recursos públicos de la administración estatal a la armadora. El gobierno actual, encabezado por el panista Martín Orozco, lo reservó el 16 de octubre del 2017 y ratificó la reserva el 9 de abril y el 5 de noviembre de 2019. El documento podrá hacerse público el 16 de octubre de 2022, dos semanas después de concluir el gobierno de Orozco.

Hasta el cierre de este reportaje no se obtuvo respuesta al recurso de impugnación presentado, con ayuda de la organización civil nacional FUNDAR, para obtener el documento.

Entre la administración de Carlos Lozano y la de Martín Orozco, un funcionario ha sido constante: Mario Vega Garza, que actualmente es el administrador del FIADE. Lo fue también en 2015, en donde además fungió como coordinador jurídico, y años antes, en 2012, y según documentos del Registro Público fue delegado fiduciario del Banco del Bajío en los movimientos realizados por el FIADE.

Doble ventaja y un misterioso gestor 

En junio de 2015, la armadora japonesa y su socia alemana Daimler AG anunciaron la apertura de una fábrica de automóviles de lujo.

Nissan y Daimler constituyeron la empresa Cooperation Manufacturing Plant Aguascalientes (COMPAS) que, el 25 de agosto de 2015, pagó 17.3  millones de dólares (293.6 millones de pesos al tipo de cambio de la época) a Nissan Mexicana por 109.65 hectáreas del terreno que el gobierno de Aguascalientes le había regalado tres años antes.

Los cambios legales que Lozano consiguió en el Congreso en 2012 no solo le dieron un manto discrecional con el cual operar durante su gobierno. También permitieron a Nissan obtener una utilidad de los recursos públicos que el estado le había regalado.

Normalmente, cuando el estado dona un inmueble a un particular se establece un fin específico. Sin embargo, con la reforma el Congreso de Aguascalientes avaló que los fideicomisos públicos pudieran donar inmuebles sin establecer un destino.

Si bien el convenio de entrega de incentivos establecía que los recursos público entregados a Nissan Mexicana tenían la finalidad de instalar una fábrica de vehículos, el FIADE dio a la armadora carta libre para disponer de los predios al incluir en las escrituras una cláusula de donación “sin restricción alguna”.

En opinión del abogado fiscalista Marco Ramírez, tanto la venta de las tierras como las reformas legales violaron la Constitución Mexicana y la estatal.

“Todo lo que son bienes del estado tiene una finalidad y un destino, que siempre va a ser público. Eso es por Constitución (…) El estado puede tener bienes para el uso privado, pero aunque el uso del bien sea privado, es parte del patrimonio del estado, y se tiene que utilizar para el interés social”, sostiene.

El abogado considera que el FIADE debió establecer que donaba los terrenos para que Nissan instalara una fábrica y produjera vehículos, no para que lucrara con la tierra.

“Si dicen que no hubo un daño al erario, sí lo hubo porque el Estado lo donó y Nissan lo vendió. Ahí se comprueba que (el estado) lo pudo haber vendido”, apunta.

Sobre la venta de tierras de Nissan Mexicana a COMPAS, Saúl Favela, experto en derecho corporativo, precisa que la venta no fue ilegal, pero sí una operación poco común entre alianzas corporativas como la establecida entre Nissan y Daimler.

“Lo encuentro raro. Lo que sí veo ahí es que, por lo menos en la escritura de donación, no hay ninguna restricción. El Gobierno del Estado debió justificar por qué está donando y establecer por lo menos alguna condición para que la empresa adquiriente pudiera destinar los bienes a los fines que se establecen y no para venderlo”, explica.

El gestor de los Lozano

ara comprar las parcelas que más tarde donaría a Nissan, el FIADE recurrió a un gestor. De acuerdo con los contratos de compraventa notariados obtenidos para este reportaje, Juan Antonio Jáuregui Verdín gestionó la venta de tierras con 120 ejidatarios; por ese trabajo, cobró una comisión de 2.5% del precio que se pagó por cada metro cuadrado. En total, el FIADE le pagó 20.2 millones de pesos.

Los contratos de compraventa estipulan que, por cada terreno, el FIADE hizo una transferencia bancaria a nombre del vendedor y otro a favor de Jáuregui Verdín. Pero oficialmente Jáuregui es un desconocido. El FIADE respondió a dos solicitudes de información que no tiene registro de contratación o pagos por gestoría a su nombre. Entregó una lista de transferencias que reconoce haber realizado —de las que admitió que no conserva respaldo documental— y en ninguna aparece Jáuregui Verdín.

El conocido de la familia Lozano volvió a gestionar la venta de tierras en Peñuelas para Nissan en 2013, en operaciones de la empresa a través del fideicomiso 15053-02-02. A pesar de ser un fideicomiso privado, también recibió recursos públicos: 39.2 millones de pesos de la Secretaría de Finanzas estatal para adquirir un terreno del Instituto de Vivienda y 4.6 millones aportados por el FIADE para la compra de otro terreno. Además, el FIADE asesoró a este fideicomiso en la adquisición de más tierras.

Según los contratos de las compraventas realizadas vía el fideicomiso de Nissan, Jáuregui Verdín elevó su tarifa a 6% del precio por cada metro cuadrado que la compañía compró. Cobró 3.2 millones de pesos más.

Mónica Cerbón y Jennifer González / ARISTEGUI NOTICIAS

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *