Sin permitir la participación abierta de organizaciones sociales y especialistas en la materia, el Congreso de Chiapas prepara la dictaminación de la nueva Ley para la Gestión Integral de Aguas que abriría la posibilidad de concesionar al sector privado obras hidráulicas para el servicio tanto en zonas urbanas como en comunidades rurales de la entidad, advirtieron asociaciones civiles mediante una carta pública difundida esta semana.
El documento firmado por asociaciones de prestigio como la Plataforma por el Derecho Humanos al Agua en Chiapas; el Consejo Ciudadano por el Agua y el Territorio en el Valle de Jovel; el Seminario Permanente sobre Cultura y Cambio Climático; el Centro de Lengua y Cultura Zoque; el Movimiento Indígena del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y el Territorio; y Agua para Tod@s, Agua para la Vida; señala serias contradicciones y riesgos dentro del proyecto de ley.
De acuerdo a la denuncia textual, la nueva legislación que pretendía ser dictaminada el pasado 18 de agosto no fue precedida por un trabajo previo de análisis, discusión y consulta al interior del mismo Congreso. Se trata pues de una propuesta surgida de la Mesa de Gobernanza en donde participan organizaciones sociales afines al gobierno, que no representan a todas las voces ni todas las opiniones, principalmente las de las comunidades.
El punto de mayor preocupación dentro de la nueva ley se centra en el capítulo titulado “Instrumentos de Financiamiento”, donde se abre la posibilidad de concesionar a empresas privadas la construcción, desarrollo y, por lo tanto, la operación de la infraestructura de suministro de agua en todos los municipios de la entidad, otorgándole así la responsabilidad y el control absoluto de tan importante derecho humano.
Preocupa además: “la centralización de control del agua en la figura del ejecutivo estatal (gobernador); el protagonismo y sometimiento institucional; la creación de dos instancias que, lejos de ayudar, se convertirían en un obstáculo y un mecanismo de control de la gestión; la absoluta falta de consulta y participación real y equitativa de las comunidades urbanas y de los pueblos originarios, especialistas y académicos en la toma de decisiones; y la instauración de estructuras verticales y sin contrapesos internos”.
Lo anterior se complica con lo que las organizaciones civiles denominaron como “insuficiencia de recursos financieros” para fortalecer los organismos ya existentes. Entonces, si no hay recursos para para los que ya se encuentran en operación, ¿de qué manera se sustentarán los nuevos que se pretende crear, como el Organismo Municipal de Servicios Comunitarios de Agua y Saneamiento?, ¿Ahí estará el pretexto para justificar la privatización de la nueva infraestructura hídrica en Chiapas?
La nueva Ley para la Gestión Integral de Aguas de Chiapas es un tema que debe alcanzar alturas de discusión y debate a nivel estatal con la participación de todos los sectores ya que determinará el control, administración y garantía del suministro de agua para los próximos años. La nueva legislación no puede convertirse en un proyecto aprobado al vapor o a espaldas de la ciudadanía, pues involucra el derecho a un recurso natural tan vital para el futuro de las generaciones venideras… así las cosas.
