De enero a mayo del presente año Chiapas se ubicó entre las cinco entidades con mayor incidencia de casos de presuntos feminicidios a nivel nacional. Y es que, después de casi ocho meses de ligera tendencia a la baja, a partir del mes de febrero pasado el índice de crímenes de odio contra mujeres en México reportó un considerable aumento del 7.1 por ciento, según el informe presentado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
En total, durante los primeros cinco meses del 2021 en la república mexicana se iniciaron 412 carpetas de investigación por el presunto delito de feminicidio. Las nueve entidades que concentran la mayor cantidad de casos reportados están encabezadas por el Estado de México (con 60), Jalisco (36), Veracruz (30), Ciudad de México (27), Chiapas (24), Nuevo León (20), Sonora (20), Morelos (19 y Puebla (19).
Tapachula, en el octavo lugar de la lista nacional, se ubicó entre los 10 municipios con mayor cantidad de casos documentados oficialmente. Ocosingo, Pichucalco y Salto de Agua también aparecieron entre los 50 territorios municipales con más carpetas de investigación abiertas por este delito. Sin embargo, el informe presentado por la SSPC ofrece datos contrastantes.
Así, aunque parezca increíble, Chiapas no es precisamente una de las entidades más violentas para las mujeres en México. Las cifras presentadas por el Gobierno Federal ofrecen interesantes discrepancias entre la lista de entidades con más casos de delitos de feminicidio y las de mayor incidencia de “Homicidios Dolosos” cometidos contra mujeres.
Se trata de dos tipos distintos de delitos configurados dentro del Código Penal, separados únicamente por la delgada línea de la perspectiva de género. De esta forma, mientras entidades como Baja California y Michoacán apenas reportaron 6 y 7 casos de feminicidio de enero a mayo, respectivamente, registraron 146 y 106 homicidios dolosos contra mujeres durante ese mismo lapso de tiempo.
La diferencia enorme entre la cantidad de “Homicidios Dolosos” y los “Feminicidios” reportados por esas entidades han encendido las alertas entre las autoridades federales por la posible presentación de informes estatales “maquillados”, falta de compromiso dentro de las fiscalías estatales para elaborar carpetas de investigación e investigar los crímenes como probables feminicidios, y la evidente manipulación de datos para evadir figurar en las escandalosas listas de feminicidios.
La lista de homicidios dolosos contra mujeres en el país está encabezada por Baja California (con 146), Guanajuato (132), Chihuahua (122), Michoacán (106), Estado de México (99) y Jalisco (88). Paradójicamente, como otras entidades con mayor número de feminicidios reportados, Chiapas aparece después de la mitad de la lista con apenas 11 homicidios dolosos documentados. Es decir, la entidad registró más carpetas de investigación por feminicidios que por homicidio doloso.
Lo cierto es que, más allá de la tipificación de delito, México es un país violento para las mujeres en todos los sentidos. Desde 2015 la tendencia, tanto en feminicidios como homicidios dolosos, se ha mantenido al alza de manera constante. De esta forma, de 2015 a 2020 la cifra de feminicidios anuales pasó de 411 a 948 casos oficiales, mientras los homicidios dolosos se elevaron de mil 735 a dos mil 793 durante ese mismo periodo.
La creciente ola de feminicidios en México es una problemática que debe enfrentarse de raíz, en la estructura social, en las escuelas y en la familia. Es un tema que debe ser atendido por las autoridades educativas y las responsables de los programas de prevención del delito. Es un asunto más complejo de lo que parece. Es una violencia sistemática que debe ser atacada de fondo mediante políticas públicas efectivas que permitan formar hombres menos violentos y mujeres más conscientes de su derecho prioritario a una vida libre de violencia… así las cosas.
