𝗖𝗼𝗻𝗲𝗷𝗼𝗯𝘂́𝘀: 𝗹𝗮 𝗺𝗼𝘃𝗶𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗰𝗼𝗺𝗼 𝗱𝗲𝗿𝗲𝗰𝗵𝗼 𝗵𝘂𝗺𝗮𝗻𝗼 (Punto V / Itzel Grajales)

Irresponsable, la decisión de terminar con el transporte Conejobús, sin antes garantizar otras opciones a las personas que diariamente lo utilizaban para trasladarse a sus centros de trabajo o simplemente para ir de un punto a otro de esta ciudad repellada con proyectos sexenales que resultan una simulación.

La manifestación hecha hoy por personas con discapacidad reafirma que la movilidad no es un capricho, sino un derecho humano que en Tuxtla Gutiérrez se ha convertido en un privilegio por la falta de empatía de las autoridades estatales y municipales.

La 1 y 2 de Tuxtla Gutiérrez son dos de las rutas de transporte colectivo más importantes de esta capital que no muestra avances en la cobertura de los  servicios públicos; por las distancias recorridas y los horarios ampliados hasta las 11 de la noche, los autobuses eran viables para la población que no tiene un automóvil propio ni recursos para pagar un taxi o dos pasajes.

Sin embargo, de manera extraoficial, y ante la omisión y el silencio de la Secretaría de Movilidad y Transporte, se ha dicho que debido a que la administración del Conejobús quebró, de manera emergente se regresará al uso de unidades tipo Urvan, que coloquialmente conocemos como combis: un retroceso inadmisible, que puede llegar –incluso- a los tribunales.

El grupo de personas con discapacidad señalaron que, como al resto de los habitantes,  la decisión de suspender el servicio no les fue informada con anticipación, y transgrede su derecho al libre desplazamiento, previsto en el artículo 27 de la Ley para la Inclusión de personas con discapacidad en el estado de Chiapas.

Este artículo dice que los vehículos del servicio público deberán contar con las especificaciones técnicas que permitan el fácil acceso y uso a las personas con discapacidad, así como la asignación de espacios adecuados, incluyendo la modificación de instalaciones físicas como paraderos y estaciones.

Ya ni hablar de los tratados internacionales que el Estado viola al negar a este sector de la población la posibilidad de participar plenamente en la sociedad, debido a que no pueden desplazarse, negándoles así su derecho a la no discriminación, la accesibilidad y la igualdad de oportunidades.

Después de 10 años el Conejobús terminó. Pero algunos dicen que nació muerto. Juan Sabines Guerrero vendió la idea de que los camiones funcionarían con biodiesel que nunca se produjo, y por lo tanto tampoco se  distribuyó. Fue una simulación que presumieron como si Chiapas fuese de avanzada en esta materia.

Es cierto también que la corrupción y el mal manejo de los recursos lo fue minando hasta dejarlo cojo y sin cabeza. Languideciendo, hasta hacer necesaria la disolución de la sociedad que legalmente lo sostenía, y de la empresa que lo administró groseramente hasta dejarlo sin ‘sangre’.

Pero eso no justifica que las autoridades deban retroceder. Si la mayoría de las rutas en Tuxtla Gutiérrez no son inclusivas ni responden a las necesidades de las y los usuarios, no debe ser así en los trayectos que cubría el Conejobús.

Se hace necesario encontrar otros caminos, proyectos y administraciones, desde luego, pero no debe permitirse nunca un salto hacia atrás que signifique un atropello a la dignidad de los sectores más vulnerables.

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