El primer intento -hace casi tres años- resultó un completo fracaso tras la avalancha de críticas que terminaron obligando al ayuntamiento tuxtleco a modificar su proyecto de Ley de Ingresos ese año. Sin embargo, hoy un nuevo “golpe” parece estarse cocinando al interior del gobierno municipal del mismo Carlos Morales Vázquez para retomar y concretar finalmente la aplicación de lo que se convertiría en un nuevo impuesto municipal al alumbrado público.
Fue en mayo de 2019 cuando la controversia se desató en la capital chiapaneca. El primer trienio de Morales Vázquez tenía apenas seis meses de haber iniciado cuando entró a discusión dentro del Congreso de Chiapas el proyecto, emanado desde el ayuntamiento capitalino, que planteaba la creación del nuevo Derecho de Alumbrado Público (DAP) para Tuxtla Gutiérrez.
En concreto, el proyecto proponía modificaciones al Artículo 56 dentro de la Ley de Ingresos para la aplicación de un nuevo gravamen del dos por ciento directo en los recibos de energía eléctrica para todos los habitantes de la capital estatal.
Con el nuevo impuesto municipal, la administración de Morena en Tuxtla Gutiérrez pretendía recaudar alrededor de 1.6 millones, mediante la contribución de más de 134 mil usuarios registrados ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Se trata pues de un jugoso monto mayor a los 19 millones de pesos anuales, adicionales para el ayuntamiento.
Sin embargo, después de numerosas críticas, amenazas de amparos masivos y presión social el 23 de mayo de ese mismo año (2019) el mismo gobierno municipal decidió echar para atrás el proyecto, solicitando al legislativo estatal las modificaciones necesarias para eliminar la propuesta de la Ley de Ingresos.
Casi tres años pasaron sin que se retomara el asunto, hasta este martes cuando un nuevo proyecto de Ley de Ingresos para 2022 fue filtrado a través de fuentes periodísticas y la propia regidora Adriana Guillén. El supuesto proyecto, en su Capitulo IX, replantea el Derechos de Alumbrado Público (DAP), mediante la modificación a diversos artículos de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal para el Estado de Chiapas.
En los artículos 69, 70, 71, 72 y 73 se establece que el impuesto sería aplicable a todos los propietarios de predios urbanos y rústicos de Tuxtla Gutiérrez, cuenten o no con alumbrado público municipal. El impuesto será calculado con base a lo facturado anualmente al ayuntamiento municipal por concepto de consumo de energía eléctrica, dividido entre el número de habitantes con alguna propiedad dentro del municipio y luego dividida nuevamente entre 12.
Será finalmente la Tesorería Municipal quien publique el resultado del cálculo y el monto que las y los habitantes de la capital chiapaneca deberán pagar por Derecho de Alumbrado Público cada mes. Aunque esta vez en el documento no se precisa el método de cobro (vía recibo de CFE u otro tipo de recibo) el monto se mantendrá invariable por un año, con la posibilidad de incremento anual según el consumo municipal, el aumento de tarifas y el Índice Nacional de Precios al Consumidor.
Lo que se ha perdido de vista es que la medida resulta abiertamente arbitraria; que su similar aplicación en otros municipios de México ya ha generado dolorosos tropiezos para los gobiernos locales, y que la Suprema Corte de Justicia de la Nacional (SCJN) ha determinado su inviabilidad por razones muy simples: se trata de un impuesto no previsto por la legislación local que, además, transgrede las facultades exclusivas de la federación establecidas en el Artículo 73 de la Constitución Mexicana.
En ciudades como Mérida, Yucatán, el impuesto ha sido invalidado mediante una cascada de amparos individuales y acciones de inconstitucionalidad que apuntan a dejarlo muy pronto sin efectos generales. En otros municipios de entidades como Baja California, Quintana Roo, Durango y Tamaulipas la situación no es diferente, provocando además elevados costos políticos para las administraciones que lo han aplicado.
Hoy la propuesta, mantenida en aparente secrecía por el ayuntamiento tuxtleco, aún requiere surcar otros obstáculos para concretarse. Es el Congreso de Chiapas quien debe aprobarla en lo general para consumar la creación del nuevo gravamen, por lo que estará en manos de las y los diputados asentar o no un nuevo golpe al bolsillo de las familias en Tuxtla Gutiérrez que, tras los estragos de la pandemia, además de la histórica inflación, no dejan de sumar nuevos incrementos en servicios y productos de primera necesidad… así las cosas.
