La noticia sobre su secuestro a manos de autoridades comunales de la Selva Lacandona se propagó en las redes sociales este martes 17 de agosto. Ángel Emmanuel Ancheyta Villafuerte, abogado y defensor de Derechos Humanos, fue retenido desde el pasado lunes en la comunidad Nueva Palestina de Ocosingo, Chiapas, bajo circunstancias complejas que también parecen destapar una posible cloaca de corrupción dentro del Poder Judicial del Estado.
Ángel Ancheyta es egresado de la Maestría en Defensa de los Derechos Humanos y actualmente es estudiante del Doctorado en Derecho dentro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH). Cobró notoriedad por encabezar la defensa de los pobladores del ejido Emiliano Zapata contra la contaminación de la empresa Veolia (Proactiva) en la región metropolitana de Chiapas.
El caso, que hizo pública la estrecha relación entre los contaminantes vertidos por Proactiva a los mantos acuíferos y los numerosos casos de cáncer entre los pobladores, llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desencadenando en abril de 2019 la emisión de medidas cautelares (bajo numeral 1498-18) por parte del organismo internacional a las autoridades mexicanas para atender el asunto.
El evidente éxito del caso colocó a Ángel Ancheyta en el aparador público. Así fue como a finales de ese mismo año (2019) llegó al joven abogado la propuesta de los integrantes de los Bienes Comunales de la Selva Lacandona, en Nueva Palestina (la misma comunidad donde fue localizada muerta a la doctora Mariana Sánchez), para tomar la defensa del viejo juicio especial de arrendamiento en contra de la organización “Natura Ecosistemas de México”, de la controversial ambientalista Julia Carabias y su relación con Televisión Azteca.
Pero Ángel Ancheyta no aceptó. Según consta en la denuncia de hechos interpuesta el pasado 21 de junio de 2021, Ancheyta Villafuerte informó a los líderes comuneros que no podría llevar el caso debido a que no contaba con la experiencia respecto al tema, por lo que decidió recomendarles a otro litigante. Así fue como fueron contratados los servicios del abogado Oscar Rodrigo Trujillo Cancino. Sin embrago, los comuneros pidieron como condición que Ángel los acompañara de manera alterna, “sin compromiso y responsabilidad alguna”.
En febrero de 2020 los comuneros le informaron a Ángel que el abogado Oscar Trujillo les había comunicado que, como parte del juicio, se debía pagar un “depósito de garantía” equivalente a los 295 mil 614, a una cuenta bancaria del Consejo de la Judicatura del Estado de Chiapas. Así se realizó el 13 de febrero de ese mismo año. Después todas las diligencia y trámites dentro de los juzgados se suspendieron por la pandemia de Covid-19.
Con la normalización de las actividades dentro del Poder Judicial el proceso se reactivó. De esta forma, en marzo de 2021 el abogado Oscar Trujillo solicitó dos depósitos más de garantía por las cantidades de 179 mil y 295 mil pesos a la misma cuenta (HSBC 4010313468). En todos casos los líderes comunales pidieron el acompañamiento de Ancheyta para realizar los depósitos.
Todo parecía ir con normalidad, hasta que en mayo de este mismo año Trujillo Cancino solicitó un nuevo depósito por 771 mil pesos que levantó las sospechas. La excusa del abogado fue que ese monto había sido solicitado por el juez del Poder Judicial como garantía por el daño ambiental causado. No se realizó el depósito. Por el contrario, Ángel Ancheyta inició investigaciones para conocer la veracidad de los dichos.
Se solicitó al Juzgado del Ramo Civil de Palenque y Catazajá información sobre el expediente (654/2020) que el abogado Trujillo Cancino había estado presentado en las reuniones. La respuesta del juzgado llegó hasta el pasado 10 de junio cuando. El expediente no estaba registrado en los archivos del Consejo de la Judicatura; es decir nunca existió formalmente.
La situación fue inmediatamente informada a los líderes comuneros de la Selva Lacandona quienes decidieron investigar el destino de los recursos entregados. Se hizo una nueva solicitud al Poder Judicial para conocer la veracidad de la cuenta y el fin del dinero. La nueva respuesta llegó el pasado 21 de junio, mediante las Oficinas de Consignaciones, en la que se confirmó que la cuenta sí pertenecía al Consejo de la Judicatura y los depósitos sí se habían realizado.
La información fue confirmada ocho días después por la fiscal del Ministerio Público No.2, Remy Domínguez Flores, mediante el oficio OC/CS/0318/2021. Los casi 800 mil sí se habían depositado al Consejo de la Judicatura, específicamente los Juzgados Primero y Segundo del Ramo Civil, sin que existiera el expediente en cuestión. ¿Cómo fue posible entonces que se hubieran fijado montos de garantía sin un litigio abierto formalmente? ¿A quiénes beneficiaban estos depósitos irregulares dentro de una cuenta institucional? ¿Con quién había pactado Trujillo Cancino semejantes irregularidades?
El asunto desató inevitablemente la ira de los comuneros. La desaparición del abogado Oscar Trujillo y la nula respuesta del Consejo de la Judicatura para determinar el proceso para la devolución del dinero encendió los ánimos en Nueva Palestina. Fue el propio Ángel Ancheyta quien interpuso la denuncia penal contra Trujillo Cancino a finales de junio, narrando buena parte de lo sucedido. Sin embargo, nada detuvo la furia de los comuneros que habían sido defraudados, desatando las sospechas de complicidad contra el Poder Judicial, Julia Carabias e, incluso, el propio Ángel Ancheyta.
Fue así como el 15 de agosto se solicitó la presencia en Nueva Palestina de Ángel para informar sobre el avance del proceso. Sin imaginar que era una trampa, el joven abogado acudió. En plena asamblea se enjuició a Ancheyta y se decidió retenerlo hasta que él, alguien de su familia o alguno de los involucrados devolviera los 800 mil pesos entregados. Así se desencadenó la situación que actualmente mantiene al defensor de Derechos Humanos secuestrado en aquella comunidad, con su vida en riesgo.
Ángel se ha convertido hoy en una ficha de cambio para el retorno de un dinero que, de manera por demás incomprensible, se encuentra hoy en las cuentas del Consejo de la Judicatura a razón de garantías dentro un expediente que nunca existió. El caso que este martes ha salido a la luz va más allá del fraude cometido por un abogado. Ha expuesto las entrañas de evidentes irregularidades dentro del Poder Judicial del Estado de Chiapas que deben esclarecerse, con toda su cadena de corrupción, y responder por la vida de un joven defensor que ha pagado los “platos rotos” de tantas anomalías… así las cosas.
