POR: ITZEL GRAJALES
Se cumplió un año de esta administración, sin embargo, hasta el momento, la Secretaría de Igualdad de Género (Seigen) no tiene una estrategia definida para hacer frente a la violencia contra las mujeres en el estado, que en lo que va de 2020 ha dejado once muertes violentas, entre ellas los feminicidios de tres niñas.
Ayer en una rueda de prensa, la titular de la Seigen, María Mandiola Tororicagüena, anunció —no presentó— dos mecanismos que supuestamente adoptarán diferentes instituciones públicas. El primero, para «prevenir la violencia feminicida», y el segundo «de acción y atención inmediata a las familias de víctimas de feminicidio».
Más allá de su discurso, que pretendía ser conmovedor: lleno de lamentaciones y expresiones de solidaridad, llaman la atención varios aspectos.
El primero de ellos es su presencia en esta rueda de prensa, Porque, a pesar del escenario que ha presentado Chiapas en materia de violencia de género en los últimos años, nunca antes se había pronunciado públicamente sobre el tema, hasta que los suicidios y asesinatos de niñas y adolescentes se convirtieron en una crisis para el gobierno.
Solo en 2019 se registraron en Chiapas más de 80 feminicidios, pero es hasta ahora que la Seigen pone sobre la mesa un plan de acción para resolver un problema que no es nuevo y cuya atención debía ser una prioridad para esta administración desde el primer día, dadas las cifras alarmantes y porque simplemente se trata de un derecho humano.
Lo peor de todo es que el nuevo plan de acción no tiene ni pies ni cabeza. Mandiola Tororicagüena, al ser cuestionada por la reportera Gabriela Coutiño, reconoció que los mecanismos anunciados apenas son proyecto sin presupuesto ni claridad administrativa, con detalles que «se están afinando», para poder implementarlo en todos los municipios.
El segundo mecanismo —según lo dicho por la servidora pública— garantizará en todo momento que las familias de víctimas de feminicidio «contarán con la orientación, asistencia y todo el respaldo del Estado ante el dolor y la violencia perpetrada contra ellas y ellos».
Esta declaración en forma de promesa llega casi un año después de haberse creado en Chiapas una organización de padres, madres, hermanos y otros cercanos de las mujeres que han sido asesinadas, y que no han encontrado justicia.
Sin embargo, tampoco para ellos hay fechas concretas: «lo vamos a poner en marcha lo más pronto posible… No puedo entrar en detalles ni presupuestales ni administrativos ni operativos, pero se está trabajando en ello», manifestó Mandiola, en un discurso sin claridad sobre lo importante, aun cuando esta Red de Familias fue creada en abril de 2019.
Lo más grave es que dejó entrever que antes de los feminicidios de la niña Jarid, en Cacahoatán; y de las adolescentes Sulmi, en Benemérito de Las Américas, y Jaqueline en Mapastepec, con la gravedad innegable que representan, su administración no tenía una estrategia definida.
Es más, al preguntarle sobre la Alerta de Violencia de Género, que fue declarada desde 2016 en varios municipios del estado, dijo que ésta «tiene su propio programa, vigilancia y programa de evaluación y seguimiento», como si la dependencia a su cargo fuese ajena a la realidad y a este mecanismo de actuación que, se supone, requiere de un trabajo interinstitucional para erradicar la violencia feminicida.
Así. Sensibilería, palabras huecas que no brindan certeza, es la respuesta a una realidad indignante: niñas desaparecidas que son encontradas demasiado tarde porque los protocolos de búsqueda no son efectivos; niñas y mujeres violadas y asesinadas de maneras crueles, engrosando la lista de feminicidios que, en la mayoría de los casos, quedan en la impunidad.
