La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó diversas porciones de la Ley en Materia de Desaparición de Personas del estado de Chiapas, debido a que invadían atribuciones de la federación.
Entre las fracciones invalidadas se cuenta la que permitía a la Fiscalía contra la Desaparición Forzada de Personas solicitar autorización para intervenir comunicaciones privadas.
También, otra parte de la ley estatal que establecía la supletoriedad entre diversas normas federales e incluso tratados internacionales, algo que sólo el Congreso de la Unión puede determinar.
En la misma sesión, el Pleno de Ministros también invalidó algunos artículos de la Ley Orgánica de la Fiscalía del estado de Quintana Roo, debido a que imponían requisitos para acceder a cargos públicos, como ser nacido en México o no haber recibido sanciones administrativas, condiciones que exceden a lo que señala la Constitución federal.
