Con el inicio de las campañas electorales la violencia política hacía las mujeres en Chiapas también se incrementa. El uso de su condición de género, sexualidad y vida personal se convierten en elementos de ataque para denostar sus capacidades y aspiraciones electorales, y en Chiapas los ejemplos de este tipo durante los comicios recientes sobran.
No han sido suficientes las leyes vigentes para amedrentar a la misoginia política que hace su caldo de cultivo durante los procesos electorales y la guerra sucia propia de las campañas. Por eso es necesario el acuerpamiento u organización activa de las y los actores políticos para reiterar el compromiso y la vigilancia permanente al comportamiento electoral.
Ante este escenario es como el pasado 25 de enero se firmó el “Pacto Político de Civilidad por Chiapas” en el que participan diversos y diversas representantes, mayoritariamente mujeres de la vida pública estatal, para comprometerse a garantizar y vigilar el cumplimiento de un proceso electoral 2021 libre de violencia política para las mujeres.
En este marco, la diputada Haydeé Ocampo Olvera, integrante de la Comisión de Justicia y presidenta de la Comisión Especial de Atención a Feminicidios, fue determinante en asegurar que el pacto contra la violencia política de género es un compromiso ineludible para todos los actores políticos de la entidad, sobre todo para las mujeres que hoy ostentan algún grado de poder institucional o legislativo.
“A las mujeres nos ha costado décadas de lucha para llegar a este momento. Desde el derecho al voto y ser electas, pasar por las cuotas, hasta llegar a la paridad y hoy contar con una Ley de Violencia Política. No ha sido fácil, ni por concesiones otorgadas, ha sido gracias a la suma de esfuerzos de mujeres de diferentes partidos políticos y de mujeres organizadas. Tampoco es porque hoy sea nuestro momento y antes no lo fuera, siempre lo ha sido, pero nos lo habían arrebatado. Y hoy, sin importar colores estamos acuerpadas y unidas, atentas a que las leyes se cumplan”, dijo.
El documento firmado por figuras como la secretaria General de Gobierno, Cecilia Flores Pérez, la secretaria para la Igualdad de Género, María Mandiola Totoricagüena, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, Sofía Ruíz Olvera, el consejero presidente del IEPC, Oswaldo Chacón Rojas, así como representantes de los Comités Ejecutivos y Directivos de las fuerzas políticas del Estado, no es un asunto menor. Es un pacto para hacer valer las leyes y seguir transformando los procesos electorales en contiendas de respeto y paridad efectiva.
La violencia política de género ya no puede seguir temiendo cabida en los procesos electorales de Chiapas, pero es una realidad que requiere de compromiso para transformar esas prácticas socio-culturales que son difíciles de erradicar y necesitarán de tiempo para ser eliminadas de raíz.
