La Auditoría Superior del Estado de Chiapas (ASECH) tiene los ojos puestos sobre el ayuntamiento de Pijijiapan donde las cuentas “no cuadran”. Las irregularidades reveladas por miembros del Cabildo y las crecientes denuncias públicas en contra de la síndico Amada Cortez se han convertido en un verdadero dolor de cabeza para el gobierno de Héctor Meneses.
Y es que en día recientes las acusaciones en contra de Amada Cortez se han agudizado. Mediante diversos trascendidos presuntos contratistas e integrantes del propio ayuntamiento han hecho públicos los procedimientos anómalos utilizados por la síndico para “exigir beneficios económicos a cambio de firmar los contratos de obras”.
La situación mantiene en tensión al gobierno municipal, pues -aseguran fuentes internas- muchos de los expedientes técnicos se mantienen “congelados” a la espera de la firma de la sindicatura, por lo que buena parte de las obras y servicios se han visto afectados.
El tema ha escalado ya hasta el Congreso del Estado donde la situación requiere ser abordada con premura. Y no es para menos, pues el conflicto amenaza el adecuado desarrollo de las obras y servicios bajo contrato para el último año de gobierno municipal, por lo que no se deberá descartar un inminente proceso de desafuero.
