En el Centro de Reinserción Social de Sentenciadas número 4 de Tapachula, Chiapas, las internas y sus hijos se encuentran en «alto riesgo» por las condiciones del inmueble, alertó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a las autoridades estatales, por lo que pidió «emitir medidas cautelares debido al peligro que corre la integridad física de estas personas por las malas condiciones de infraestructura e insalubridad del inmueble».
La comisión hizo la solicitud en específico a la Comisaría General de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y al comisario jefe subsecretario de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad del Estado de Chiapas.
En la petición se informa que personal de la CNDH realizó un recorrido por ese edificio que «se encuentra catalogado en su infraestructura como un inmueble de alto riesgo de acuerdo a dictámenes de protección civil». Situación que lo coloca «en peligro inminente la integridad personal, la salud y la vida de las mujeres privadas de la libertad, de las hijas e hijos que viven con ellas y del personal que labora al interior del mismo».
De acuerdo con un comunicado, se detectaron «goteras en diferentes áreas como los baños, filtraciones de agua, cortes eléctricos, moho en diversas paredes, tanques de gas en los pasillos, así como deficientes condiciones de higiene y deterioro en las estancias, cocina, coladeras, áreas comunes, y un gran número de fauna nociva».
También, se encontró que para toda la población penitenciaria solo existe «una mujer médica de profesión que ocupa una plaza de enfermera».
De los riesgos de ese centro penitenciario ya existía registro en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019 y desde entonces se advertía que «ante una catástrofe natural o sismo se podrían generar daños irreparables en la integridad y en la vida de todas las personas que viven y laboran ahí».
Por lo que la CNDH pidió a las autoridades correspondientes realizar de manera urgente todo lo pertinente para la reparación de los daños. Sin embargo, advirtió que según el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la ONU, «no podrán alegar cuestiones de falta o insuficiencia de recursos económicos o análogas».
De lo contrario «derivaría en la inobservancia en su calidad de garantes de la protección de los derechos humanos de las internas y sus hijas e hijos».
