El sector de transporte público en Chiapas, específicamente el de la modalidad de Taxi, se mantiene sumido desde hace varios años en un serio conflicto de competencia desleal, corrupción institucional, explotación laboral y violaciones constantes a la ley, que se han encrudecido con los efectos de una pandemia que parece no llegar a su fin. Sin embargo, este año un nuevo golpe a los choferes asalariados fue lo que desató nuevamente las protestas.
El aumento al costo al “Tarjetón de Aptitud”, que pasó de 300 pesos a mil 500 pesos, y el incremento de los requisitos para obtenerlo, llevó a varios choferes a tomar la principal avenida de la capital chiapaneca este miércoles. Y no es para menos. Según los propios asalariados, será un promedio de dos mil pesos que cada chofer deberá pagar desde este mes -en trámites- para poder seguir trabajando al frente de las unidades del transporte público.
El asunto se ha vuelto además un tema de complicidades, con unidades que funcionan en otros municipios de la entidad sin ninguna regulación. Y es que, el gremio taxistas de Chiapas vive en medio de un modelo poco claro. Para que usted tenga una idea, actualmente se estima la existencia de cuatro mil taxis NP, es decir que funcionan con permisos “especiales” o sin concesión, y tres mil 600 taxis concesionados. Todo esto tan sólo en la capital chiapaneca. A lo que hay que sumarle un número mayor de taxis “piratas” provenientes de otros municipios.
Se trata de un problema que comenzó a salirse de proporciones justamente durante la época del “sabinato”, caracterizado por el despilfarro y la entrega desproporcionada de favores. A los “pulpos del transporte público” los mantuvo contentos con nuevas concesiones y cargos públicos, mientras a las agrupaciones sociales y campesinas de mayor poderío se le brindó “cancha libre” para la operación irregular de transporte público, sin el menor empacho.
Con la llegada de Manuel Velasco Coello y el conflicto de su gobierno con los líderes concesionarios la posibilidad de la regularización para muchos que se mantenían en la ilegalidad llegó. Con el paso de los años, las solicitudes y exigencias de organizaciones como la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) la Coordinación Estatal de Transportistas de Chiapas (Coestrach), la CTM y la CGT para alcanzar una concesión cayeron en cascada.
Ante el enfrentamiento con los monopolios (pulpos) del transporte, el sector de transportistas asalariados irregulares también se convirtió en una posible opción de salida. Ahí fue justo donde la intervención de Manuel Velasco Coello complicó el escenario. En una reunión con las agrupaciones irregulares el gobernador chiapaneco se comprometió a entregar las concesiones si ellos cumplían con dos condiciones esenciales: la adquisición de nuevos vehículos y seguros de pasajero.
Entre 2015 y 2017 un aproximado de mil 500 asalariados del transporte público irregular cumplieron con lo pactado y entregaron a la Secretaría de Transportes la documentación de comprobación. En su mayoría adquirieron vehículos de agencia bajo sistemas de financiamiento, con costos superiores a los 150 mil o 200 mil pesos, y los respectivos seguros de viajero. Sin embargo, al final de cuentas Velasco Coello terminó desconocimiento el acuerdo.
La presión de los concesionarios monopólicos, los acuerdos en lo oscurito y los malos consejos terminaron echando abajo un pacto que dejó a cientos de asalariados sin posibilidad inmediata de obtener una concesión y con tremendas deudas automotrices. Pero las unidades piratas se mantuvieron operando, enfrentaron el cambio de administración sexenal y finalmente formalizaron sus operaciones con permisos “especiales temporales” (NP) que hasta el momento no tienen ninguna certidumbre legal.
Se han convertido en una fuente de ingreso adicional para la Secretaría de Movilidad y Transporte, mediante métodos de pago para su funcionamiento poco transparentes; sin necesidad de tocar a los grandes concesionarios y pulpos transportistas que también se hicieron de permisos especiales. Por eso la protesta de este miércoles. Porque el golpe recaudatorio ha caído nuevamente sobre los choferes asalariados, quienes además de tener que pagar cuentas diarias para trabajar y no poder acceder a sus propias concesiones, son nuevamente es eslabón más débil en la cadena regulatoria del sistema.
Por eso la protesta reunió esta vez a choferes asalariados, de unidades con permisos especiales y concesionadas, porque el efecto al bolsillo es exactamente el mismo, mientras los pulpos transportistas esperan cómodamente las cuotas emanadas de concesiones que por ley deberían operar ellos mismos para conservarlas, pero no lo hacen. Y es que, justo ahí está el problema de fondo; en un modelo viciado, con una autoridad cómplice y temerosa, que siempre termina sacrificando a los choferes y usuarios para mantener los mismos beneficios de élite… así las cosas.
